Así asomó, entonces, la punta del iceberg del témpano a la deriva en que ciertos "parapoderes" quieren convertir el Centro de la ciudad. Anteayer este diario navegó por un pedazo de ese mar de ilegalidad en que se está hundiendo aquella zona, tan histórica y tan definitiva para trazar los planes de nuestro desarrollo urbano. El panorama: inquietante.
El principal y más denunciado fenómeno de "seguridad y control territorial" es el de las llamadas "Convivir". El rezago de esas cooperativas conformadas por civiles, con armas cortas y equipos de comunicación, que se atribuyeron en otros años el combate contra la delincuencia, y que degeneraron en redes criminales vinculadas al paramilitarismo y a las mafias del microtráfico urbano e incluso de la piratería musical y editorial.
Hoy persisten varias de esas cuadrillas sin control alguno de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que ofician como células rectoras de la economía informal y que además cobran a sectores del comercio formal cuotas y colaboraciones que, a la luz de principios elementales del derecho penal, no son más que extorsiones impuestas por la fuerza.
Esas bandas, en apariencia asociadas a la prestación de servicios de seguridad, carentes de documentación y existencia legal, se han hibridado, se han mezclado con otros agentes generadores de violencia y delincuencia urbanas. Están presentes y son responsables de modalidades sofisticadas de agenciamiento del crimen: del expendio de drogas ilícitas, de la venta de celulares y repuestos automotores robados, de las redes de prostitución, incluso de menores, de la piratería de productos, del "arriendo" del espacio público, del "impuesto" (microextorsión) a los vendedores informales de cachivaches, de los "permisos" para el hurto simple en las calles... Las mal llamadas "Convivir", entonces, están gerenciando y recibiendo dividendos del amplio espectro de la delincuencia y de la gente de bien, en una zona clave.
La respuesta de las autoridades municipales se percibe general, vaga, como la existencia misma de un plan específico de control y seguridad para el Centro de Medellín. Aceptan, además, que hay presencia de grupos ilegales asociados a las superestructuras del crimen que son "la Oficina" y "los Urabeños". Pero rechazan las tratativas, entre esas facciones, para un supuesto "pacto del fusil", que incluso ya estaría roto.
Dicen los responsables de la Seguridad que seguirán en contra de "la delincuencia organizada de la ciudad". Una criminalidad que, al 8 de julio, en 2014, provocó 70 homicidios en el Centro, el 12 por ciento de los ocurridos en todo Medellín. Allí, igual, se escenifica el 22 por ciento de las diferentes modalidades de hurto.
Esa tarea de "recuperar el Centro" de la que ha hablado el alcalde Aníbal Gaviria, de la que advirtió desde 2012, cuando esos actores de la ilegalidad se enfrentaron a la Policía y obligaron a cerrar las puertas del comercio organizado, hasta ahora se siente lenta y limitada.
Por eso los ciudadanos de Medellín esperan que allí haya Gobierno, el que le corresponde a la entidad a la que le atribuimos tal deber: la Administración Municipal.
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