Aunque no se ha definido la fecha, en los próximos días se posesionará el coronel (r) Sergio Alfonso Vargas Colmenares como secretario de Seguridad de Medellín. Se trata del cuarto funcionario que asume ese cargo desde que se materializó la creación de la Secretaría a mediados de junio de 2012, una de las propuestas bandera de la campaña de Aníbal Gaviria Correa para consolidar la Política Integral de Seguridad y Convivencia.
Sin embargo, Eduardo Rojas León, el primer funcionario nombrado en ese cargo, renunció en enero de 2013, solo seis meses después de la creación de la Secretaría. Después asumió Arnulfo Serna, director técnico de Política Criminal de esa dependencia. Serna estuvo en calidad de encargado hasta septiembre de ese mismo año, cuando regresó a su cargo luego del nombramiento de Iván Darío Sánchez.
Sin embargo, ese no fue el último movimiento. El anuncio el pasado martes de la salida de Sánchez para asumir la dirección del Isvimed, luego de aproximadamente nueve meses al frente de Seguridad, fue recibido con críticas en diferentes sectores.
Carlos Arcila, vocero de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá, dijo que los cuatro secretarios que ha tenido la dependencia en poco más de dos años expresan inestabilidad. "Interrumpe las políticas en ejecución que trae el secretario de Seguridad mientras se acomoda el funcionario que viene. En este tema se necesita un trabajo constante y continuo", dijo Arcila.
Agregó que entre los retos que afronta Vargas Colmenares se destaca, entre otros aspectos, la problemática de seguridad del centro de la ciudad.
"Hay una historia fuerte de gobierno de las 'Convivir' que es necesario que esta alcaldía desmonte. Además debe enfrentar el tema de las extorsiones que viene aumentando y a las estructuras armadas que siguen siendo vigentes en lo político, lo militar y lo económico". Agregó Arcila que también debe liderar un enfoque de seguridad dirigido a la protección de los derechos humanos para recuperar la confianza entre las comunidades y la Fuerza Pública.
Por su parte, el concejal Yefferson Miranda aseguró que el número de titulares que ha tenido esa Secretaría envía el mensaje de que "no se ha encontrado la persona adecuada para ese cargo".
"No permite estabilizar una política de seguridad en Medellín, pero esperamos que el coronel, con su experiencia en la Secretaría, logre consolidarla y que pueda terminar este gobierno", dijo Miranda.
El concejal coincidió con Arcila en que uno de los principales retos está en el centro de la ciudad. "Hay asuntos urgentes como la captura histórica de las 'Convivir' en el centro y, además, debe evitar la toma de ese territorio por parte de otras estructuras". Desde su punto de vista, el nuevo secretario debe garantizar la suficiente estabilidad para consolidar la Política Integral de Seguridad y Convivencia "para que se den los lineamientos de la seguridad en Medellín en aspectos como la disminución de hurtos, homicidios y la vigilancia del plan cuadrantes", dijo Miranda.
El concejal también dijo que si bien cuando se creó la Secretaría de Seguridad se planteó que debería estar en cabeza de un civil, la llegada de un coronel retirado puede generar mayor diálogo con la Policía y, en consecuencia, mejores resultados.
Otro miembro del Concejo de Medellín, Juan Felipe Campuzano, dijo que el cambio de funcionarios es una decisión "del resorte del alcalde", sin embargo, cuestionó que la Secretaría de Seguridad, a su juicio una de las de mayor importancia para la ciudad, haya sufrido una mayor inestabilidad que "otras dependencias de menos trascendencia para la situación actual".
Agregó que si bien se ha avanzado en con inversión y con la creación de grupos especiales para combatir algunos delitos, "hasta el momento la Secretaría no ha surtido el impacto deseado".
Lo cierto es que más allá de las críticas, según cifras de la Policía Metropolitana, el nuevo secretario de Seguridad asume su cargo con un colchón: una reducción del 35 por ciento en los índices de homicidios durante los primeros seis meses de 2014. Dato que, pese a la oposición de la administración municipal, se ha asociado con el impacto de un supuesto pacto entre estructuras delincuenciales para reducir los niveles de confrontación y, en consecuencia, la presión de las autoridades. Sin embargo, también enfrenta el impacto de otros delitos como la extorsión y el hurto, y la situación particular de la comuna 10, en donde la disputa territorial de organizaciones dedicadas al microtráfico y a la explotación de otras rentas ilegales, ha generado un aumento en la confrontación en las últimas semanas.
Tomado de elcolombiano.com
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