Todos los días se descubren nuevas irregularidades. La tramoya pisa los predios del Código Penal.
El intento fallido de revocarle el mandato al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, puede terminar en la Fiscalía y con sus promotores en la cárcel. Por ahora uno de ellos está obligado a presentarse a las autoridades judiciales, las cuales lo condenaron por una acción criminal, en la que le impusieron como pena accesoria a la de privación de la libertad la pérdida de los derechos políticos por el mismo tiempo de la sanción principal.
Esa es la primera gran falla del trámite de la revocatoria del mandato, un proceso político que obliga a que sus promotores estén en ejercicio de los derechos políticos. De entrada, todo el diligenciamiento hasta ahora adelantado es nulo, irregularidad que no se puede subsanar con la
renuncia del “personaje”, como se hizo para tratar de ocultar burdamente el abuso cometido.