Por Marcelo Torres, Alcalde de Magangué.
ANTE LAS ILEGALES Y ORQUESTADAS OCUPACIONES DE PREDIOS
Una justa alarma ha cundido entre los magangueleños por las ocupaciones
ilegales de predios en el área urbana. Desde comienzos de este mes,
alrededor de quince han sido los terrenos invadidos, ubicados en los
barrios Camilo Torres, Cristo Prado, Prado, San Martín, Samarkanda, José
Antonio Galán, La Esmeralda, Dos de Noviembre, Nueva Venecia, El
Trinche y los alrededores del Centro Administrativo Municipal (CAM). A
semejante situación se le quiere dar la apariencia de una espontánea
demanda de sectores populares por elementales reivindicaciones sociales,
pero resulta inevitable establecer una relación entre los recientes
actos y medidas de la justicia y el gobierno manifiestos en capturas de
individuos y en el inicio de numerosos procesos de extinción de dominio y
estas irregulares ocupaciones.
Pues resulta muy extraña la
simultaneidad de las numerosas invasiones ilegales que se presentan, en
las cuales salta a la vista de la ciudadanía la diligencia con que, a la
cabeza de las mismas, imparten instrucciones individuos que se
movilizan para ello en determinados vehículos de un lado a otro y cuya
indumentaria y condición social es visiblemente distinta a las de las
gentes que se han constituido en ocupantes de hecho de predios tanto
públicos como privados.
De esclarecerse a fondo esta relación
indicada, asistiríamos a una verdadera respuesta de una oscura mano
criminal por identificar que pretende enfrentar de esta manera las
acciones del Estado dirigidas a golpear de manera definitiva la base
económica y organizativa de la acción delictiva calificada como lavado
de activos.
Estaríamos, en estas invasiones de predios, frente
a una acción concertada, o peor aún, ante un plan que pretendería
demostrar con su movilización que la acción delincuencial organizada no
puede perseguirse sino al costo de suscitar grandes disturbios y
alteraciones del orden público. La consecuencia así generada, azuzar a
gentes sencillas acuciadas por la necesidad e ignorantes de que se les
manipula, para lanzarlas a acciones tan desesperadas como el desafío de
las autoridades legítimamente constituidas, busca sumir al municipio en
el caos y provocar condiciones para el derrumbamiento de esta
Administración.
Como primera autoridad del Municipio, me
corresponde advertir a la ciudadanía que podríamos estar frente a una
celada, frente una trampa o emboscada ante la cual debemos evitar caer y
proceder con resolución y firmeza pero sin ofuscamiento ni
precipitación.
La perversidad de esta estrategia denunciada
es que pretende contar con la anuencia de padres y familiares de la
población infantil y adolescente de los ocupantes de predios, para
utilizar la presencia de menores y aún de niños como escudo que paralice
la legítima acción de las autoridades.
A esos compatriotas y
coterráneos que han llevado a sus hijos y parientes menores de edad a
los lugares que han invadido sin reflexionar en el innecesario riesgo a
que los están exponiendo, los conmino de manera fraterna para que
desistan de las ilegales iniciativas emprendidas y principalmente, para
que no sometan a sus propios hijos y familiares menores de edad a una
injustificable situación de riesgo.
Los niños y demás menores
de edad presentes en estas invasiones de predios de nada tienen culpa y
ciertamente son víctimas de la desigualdad social generada en nuestra
sociedad nacional. Puedo refrendar mi compromiso para gestionar que a
ellos lleguen los beneficios o los cobije prontamente los diferentes
programas sociales del gobierno nacional para la niñez y a juventud.
Pero reitero a sus padres y familiares que ninguna causa o
reivindicación social justifica que se exponga un solo niño o
adolescente al peligro o eventual circunstancia que pueda ocasionarles
daño físico o espiritual.
Les digo a los hombres y mujeres
adultos que participan de las ilegales ocupaciones de predios que
comprendo sus necesidades y que comparto la justa aspiración de que sean
satisfechas. Reitero mi disposición para gestionarlas con urgencia y
apremio ante el Ministerio de Vivienda y otras dependencias oficiales, y
para abogar ante las altas autoridades del Gobierno Nacional sobre el
derecho que les asiste a tener una vivienda digna.
El Fondo
para la Adaptación al Cambio Climático realiza en Magangué un programa
de 1400 viviendas para damnificados de la ola invernal gestionado desde
el año de 2012 por esta Administración. Ofrezco el mandato que me
concedió el pueblo de Magangué para acompañarlos en las negociaciones y
reclamaciones en pro de su interés a que haya lugar dentro de la ley.
Pero les prevengo para que no sean pasto de tenebrosos intereses ni
instrumento inconsciente de los mismos para enfrentar la legítima acción
del gobierno nacional o municipal.
He ordenado a la fuerza
pública del municipio la acción necesaria, con estricta sujeción a la
ley, para recuperar los edificios y predios públicos y privados
ilegalmente invadidos, y oficiado al Comando de la Policía del
Departamento demandando apoyo en el mismo sentido.
Sobre todo,
he oficiado a la Personería Municipal, al Bienestar Familiar, a la
Comisaría de Familia y a la Procuraduría para que acompañen la acción de
las autoridades y de la fuerza pública, habida cuenta de la necesidad
de proteger la vida y la integridad de los niños y otros menores que han
sido llevados por sus padres o parientes a los lugares de la ilegal
ocupación.
Estamos cumpliendo con nuestro deber de informar
completa y oportunamente a la ciudadanía sobre el estado de cosas que
afrontamos, y de tomar las medidas acordes con lo que exige la
situación.
Demando de los magangueleños el respaldo a su
Administración y espero de los ocupantes de predios que finalmente
prevalezcan la cordura y el buen juicio, que sigan defendiendo sus
derechos pero dentro de la ley; que asimilemos todos que el país acaba
de pronunciarse, rotundamente, porque los colombianos dirimamos nuestras
disensiones de manera civilizada y pacífica. Que no llevemos más agua
al molino de las fuerzas oscuras, así estas presenten sus acciones con
el antifaz de una movilización popular.
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