Declaración del Partido del Trabajo de Colombia ante las presidenciales

Declaración

El voto eficaz de los demócratas
Ante la primera vuelta presidencial

A pocos días de una de las contiendas electorales por la presidencia de Colombia más complejas y encarnizadas de su historia, se percibe que el objetivo nacional de la hora, el acuerdo de paz que se negocia en La Habana, atraviesa un camino tortuoso y erizado de riesgos acaso insalvables. De ahí que el acuerdo firmado hace poco por el Liberalismo y varios líderes y sectores del Progresismo, merezca el respaldo de todos los demócratas colombianos. Al materializar un notable esfuerzo por indicar el rumbo correcto que permita al país salir airoso de la actual prueba, envía el mensaje de que los colombianos, por encima de las contradicciones reales y vigentes, identifican como supremo el interés por la paz y al mismo tiempo realza los logros de la Bogotá Humana.


Si para algunos a primera vista el acuerdo aparece incongruente e inaceptable, bien miradas las cosas, si se repara en el fondo del asunto, la impresión y el juicio serán otros. Pues lo que está en juego, con la recuperación de la paz, es nada menos que la posibilidad de que al fin se pueda adelantar la lucha política sin violencia y suprimir tan mayúscula perturbación de la vida nacional. Trascendental avance que abriría para los colombianos la promisoria opción de iniciar un cambio pacífico, de transitar la progresiva senda que ya emprendieron varios países hermanos del continente: la de los gobiernos de transición hacia estadios más altos del desarrollo social y político. Lo que está por definirse, si las negociaciones de La Habana fracasan o sufren una definitiva interrupción, es el retorno del uribismo al poder con todos sus horrores. Verbigracia, el recrudecimiento de la violencia y las atrocidades, la restauración de los agentes de las más oscuras bandas armadas ilegales y de sus métodos en y desde las posiciones de mando del Estado, las chuzadas como práctica consagrada de gobierno, la intimidación a jueces y Cortes, el atropello contra garantías y libertades, en fin, la rampante venganza contra todos los sectores democráticos. En semejante eventualidad, Colombia podría ser apartada de la onda progresista que recorre a América Latina y metida a empellones en el congelador del atraso y la tiranía por tiempo indefinido.
En esta crucial disyuntiva, la decisión del presidente Santos de ratificar la destitución del alcalde Gustavo Petro, ordenada por el Procurador, vino a complicar todavía más una situación nacional de alta complejidad. Interrumpió bruscamente el proceso que, aún con altibajos, marchaba hacia un acuerdo o alianza contra el uribismo a pactar entre el gobierno y amplios sectores democráticos entre los cuales se contaba el Progresismo. El cálculo del Presidente, según el cual apoyar esa destitución era la manera de preservar y acrecentar los apoyos del ala más derechista del gobierno y de sus socios, tanto la que encabeza Vargas Lleras como la que constituye un sector del alto mando de las Fuerzas Armadas, resultó elocuentemente fallido.
Desde febrero, la intención de voto reveló un fuerte bajonazo para la campaña de Santos; objetivamente, el impacto negativo del desatinado giro del presidente Santos, al restarle el apoyo de importantes sectores democráticos y al descartarse para las elecciones parlamentarias la concresión de un muy amplio agrupamiento antiuribista como el que estaba en ciernes, terminó favoreciendo la candidatura apoyada por Uribe, a la que encuestas más recientes registran con un empate o ligeramente por encima de la de Santos. Y en Bogotá posibilitó un repunte del uribismo. Explicable y predecible como fue, el voto de castigo en la capital de la República de las fuerzas democráticas hacia el presidente Santos no sirvió sino para propiciar el peor de los desarrollos: el favorecimiento electoral del uribismo en la principal plaza política del país. Ahora se trata de que no ocurra algo similar en el escenario nacional de las presidenciales.

Porque más que castigar la falta de tino político del Presidente en el caso de la destitución del alcalde de Bogotá, aquí y ahora lo que importa es conjurar la amenaza que para Colombia entraña la restauración uribista. La indignación del Progresismo y de otros amplios sectores de la democracia debe expresarse sin ambages pero no debe oscurecer la necesidad de actuar con arreglo a la mayor eficacia en busca de la paz y para vencer a sus enemigos.

Pues si bien el timonazo derechista de Santos frustró en lo inmediato lo que habría podido cuajar en un gran frente político y social contra el retorno del uribismo, también es muy cierto que ni el gobierno Santos ha cejado en el objetivo de lograr un acuerdo de paz con las Farc y derrotar a los partidarios de la guerra, ni la campaña uribista ha cedido un ápice en sus diatribas contra las negociaciones de La Habana, que se han vuelto cada vez más virulentas. Lejos de un apaciguamiento, los ataques entre ambas campañas han arreciado de lado y lado. En vez de amainar, el clima de polarización se intensifica y lo implacable de la pugna se exhibe en los escándalos y terribles revelaciones como la del hacker de la campaña de Zuluaga, que muestran el antagonismo reinante en unas elecciones presidenciales como no se veía en Colombia desde hace sesenta años.

En este candente escenario debe reiterarse el reconocimiento de que, aunque mirada en perspectiva la corriente democrática ha venido ganando terreno y realizado verdaderos hitos en los tiempos recientes de Colombia, las actuales elecciones presidenciales no constituyen propiamente el momento de la izquierda. Ninguna candidatura de izquierda ni de centro se perfila como una opción con posibilidades de triunfo en estas presidenciales. Por consiguiente, si atendemos a las decisivas consecuencias de estas elecciones en la vida nacional, para la democracia colombiana la cuestión se plantea en estos términos: ¿cuál es el comportamiento electoral más eficaz respecto de los fines primordiales del momento? Sin duda aquel que ofrezca las mejores posibilidades de derrotar la campaña uribista y de respaldo efectivo al proceso de paz.

Hay quienes plantean que habría que votar por Santos en la eventualidad de que el candidato de Uribe pase con el actual Presidente a la segunda vuelta: es porque se asume con claridad que persiste una diferencia esencial entre este gobierno y el uribismo respecto a la paz, y porque ante tal diferencia debe optarse por el actual Presidente. La inevitable pregunta es: ¿vale la pena esperar hasta entonces?

Bogotá, 21 de mayo de 2014

Partido del Trabajo de Colombia-PTC

Comité Ejecutivo Central