El problema principal que padece Colombia, el mismo que hoy millones de colombianos estamos empeñados en resolver, es la terminación del conflicto armado y de toda violencia. Sin embargo, como bien sabe el país, algunos proceden en sentido diametralmente opuesto o resuelven tomar decisiones que obstruyen seriamente el anhelado propósito de alcanzar la paz. Y no nos referimos únicamente a los declarados adversarios de la misma, el expresidente Uribe y sus seguidores del Centro Democrático, quienes después de presidir una campaña pródiga en mentiras y tergiversaciones que posibilitó una ligera mayoría al No, ahora pretenden dilatar la implementación de los acuerdos de paz por lo menos hasta cuando la próxima campaña por la presidencia de la república, en pleno desenvolvimiento, les provea mayores ventajas. Ni aludimos tampoco a las otras vertientes del No, con las cuales muy seguramente puedan resolverse mediante acuerdos razonables las diferencias que las inquietan, y que en todo caso fueron canalizadas y manipuladas por el uribismo para sus fines. Hacemos referencia precisa a la decisión del gobierno de Juan Manuel Santos de presentar al Congreso la iniciativa, tan detestada como inoportuna, de la reforma tributaria.
Con
la reforma, una masiva exacción contra la abrumadora mayoría del país, el
gobierno se propone, acorde con los cánones neoliberales, para compensar los
ingresos públicos perdidos por la caída de los precios del crudo ─que se tasa
en decenas de billones de pesos─, expoliar más los asalariados, ensanchar la
población tributaria, aumentar el regresivo IVA, gravar más el consumo y
mantener el aberrante régimen de irrisorios impuestos y exenciones de
privilegio al grupillo de superricos de los grupos financieros y de grandes
corporaciones multinacionales, especialmente las que explotan nuestros recursos
del subsuelo. Se somete al país a las regresivas recetas del ajuste fiscal del
FMI, que de un lado, alza las tasas de interés, congela los salarios y
restringe la inversión pública precisamente cuando debía aumentarse para
contrarrestar el bajón de la economía, todo para reducir el consumo de las
masas y garantizar los pagos de acreedores e inversionistas del imperio y demás
metrópolis dominantes. Y que ahora, de otra parte, nos expone a la ruinosa
combinación de esquilmar la abrumadora mayoría de la población aumentando los
viejos gravámenes indirectos, creando otros sobre más actividades de comercio y
servicios de pequeños y medianos negocios, suprimiendo exenciones positivas e
incrementando los impuestos directos de quienes viven de su trabajo, pero
manteniendo muy a raya las cargas, como a salvo los privilegios, de la crema
del capital financiero y de las empresas transnacionales. Por supuesto, ante la
afugia real de las finanzas públicas, ni siquiera se considera que paguen más
la bancocracia, los grandes propietarios territoriales y el capital foráneo.
Sólo cuentan las viejas fórmulas coloniales en tiempos de neoliberalismo
tardío, que asemejan la soberanía de países como el nuestro a un simple remedo.
El
presidente de la república debe saber que esta decisión de darle curso al
trámite legislativo de la reforma tributaria puede ser el palo en la rueda del
proceso de paz que termine por descarrilarlo del todo. No es justo ni racional
que cuando Colombia está atestando plazas y calles con el clamor juvenil de la
paz, urgiendo una salida para implementar ya los acuerdos de paz, sea
precisamente el gobierno quien atraviese obstáculo semejante ante su marcha.
Hoy el esfuerzo de paz de más de cuatro años de negociaciones, mantenido por
Gobierno y Farc con loable persistencia, se halla interrumpido por el éxito de
las maniobras del uribismo en el plebiscito del 2 de octubre. La inminencia de
la aprobación legislativa de la reforma tributaria bien podría equivaler a una
suerte de provocación al pueblo, un detonante que facilite a los enemigos de la
paz canalizar su energía en movimiento en otra dirección, o dispersarla, cuando
se requiere que se concentre en urgir y presionar la salida concertada que
asegure la puesta en movimiento de los acuerdos de paz. Tampoco es justo, ni
practicable, que el gobierno espere que los contribuyentes del Sí, del No, y
los del 62 por ciento que se abstuvieron, no protesten contra la avalancha
expoliadora que se les viene encima. La persistencia del gobierno en la
indeseable reforma sólo lo convertirá en blanco de justo repudio popular, y
levantará injustificables obstáculos ante la consecución de la paz.
Partido del Trabajo de Colombia (PTC)
Comité Ejecutivo Central
