La población Lgbti demanda mayor acompañamiento del Estado

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A propósito del compromiso que asumió el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, cuando esta semana anunció que “Colombia tendrá formulada una nueva política pública para la población Lgbti antes de que finalice el presente año”, vale la pena preguntarse cuál es el estado de la política pública que ya  lleva tres años operando en Medellín.
Luego de su intervención ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el ministro del Interior se comprometió a presentar una nueva política pública para la población de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (Lgbti).  La idea es que esta política sea el fruto de un gran consenso nacional desde diferentes estamentos e instituciones.

La realidad que viven en el país las personas pertenecientes a esta comunidad requieren de medidas urgentes del Gobierno para prevenir, proteger y sancionar la violencia contra esta población.  
El ministro reconoció durante su intervención que el Gobierno se ha demorado en la construcción de una nueva política pública para dicha población. “Es injustificada la demora del Gobierno pero el presidente Santos tiene el mayor compromiso” afirmó.
Para implementar la nueva política pública, destacó la necesidad de que mejore el censo de los casos de ataques a miembros de esta población en Colombia. “Buena parte del problema para avanzar en esta política es la falta de información sobre los ataques a la población Lgbti. Hace falta tener más conocimiento sobre ello”, concluyó.
La decisión judicial se conoció al tiempo que la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez-Correa, reconociera en una entrevista que mantiene una relación sentimental con su colega de Gabinete, Gina Parody, ministra de Educación.
Asimismo, el pasado martes el abogado Víctor Velásquez presentó una denuncia por la que pedía que se invalidase la investidura de la senadora Claudia López y de su pareja Angélica Lozano, miembro de la Cámara de Representantes, ambas del Partido Verde.
Según Víctor Velásquez, López y Lozano incumplieron un artículo de la Constitución que impide que dos miembros del mismo partido, teniendo una relación sentimental, sean candidatos parlamentarios en la misma elección; al recordar que ambas fueron favorecidas en los comicios de marzo pasado.  El Consejo de Estado aceptó estudiar la demanda después de considerar que reunía los requisitos mínimos legales. 

El caso de Medellín

Medellín es la primera ciudad en adoptar una política pública en este sentido, al aprobarse el 16 de abril de 2011 un acuerdo sancionado  por el Concejo Municipal.  Luis Bernardo Vélez, ponente y abanderado del acuerdo, afirma que en la ciudad se confundió la creación y operación del Centro de Diversidad Sexual y de Género con la política que se había planteado originalmente.  “La política como tal habla de tener un trabajo mucho más articulado entre las organizaciones sociales, académicas y el mismo Estado.  Se buscaba impactar asuntos como la inserción laboral, promoción y prevención en salud y esto se ha olvidado a la hora de llevarla a la práctica”.  
Por su parte, el secretario de Inclusión Social y Familia, Héctor Fabián Betancur, manifiesta que la Secretaría sí ha trabajado de forma articulada con organizaciones como la educación para el trabajo digno, la salud, la integridad y seguridad personal, el goce del espacio público y comunicaciones e información. 
El concejal Vélez también afirmó que no puede ser que en la Alcaldía la política pública se haya quedado en la Secretaría de Inclusión Social y Familia, “como si esto fuera un asunto de asistencia social y lo que la población viene diciendo es que ellos no son un gueto sino que son unos actores de derechos según la Constitución y la ley”. Por esta razón, argumenta que el mensaje en esta Administración de haber regresado la mirada y el enfoque de la política pública a Inclusión Social, es un retroceso. Pues en la Secretaría de Cultura Ciudadana tenía una orientación muy diferente.
Ante esto, la Personería de Medellín reconoce que la ciudad continúa siendo adversa para la población Lgbti y pese al trabajo realizado, “se siguen presentando actos de homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, en contravía de avances en la visibilización y discusión en el país de las libertades sexuales”, afirma el personero Rodrigo Ardila.
Durante el 2013, la Personería de Medellín tuvo conocimiento a través de la Fiscalía de la ocurrencia de doce homicidios de personas Lgbti, diez hombres, una mujer lesbiana y una transgénero. En lo corrido del año se han recibido 16 denuncias de homicidios y ocho declaraciones de desplazamiento intraurbano e intramunicipal. Además, han sido asesinadas cuatro mujeres transgeneristas en Medellín, según denunciaron otras organizaciones defensoras de los derechos de esta población.
Algunas maneras en que la fobia se materializa en esta población son vulneraciones como violaciones, discriminación en espacios públicos, académicos y laborales.
Los tansgeneristas son las personas a las que más se les han vulnerado sus derechos.  Reclaman una mayor inclusión y respeto.  Por ejemplo, “se les sigue exigiendo para un empleo la libreta militar cuando ellas se sienten realmente como mujeres”, explica Vélez. En general, esto solo contribuye a la estigmatización y dificulta su acceso a un empleo digno, distinto al de prostitución.

Tomado de elmundo.com