El colectivo Dueños de Isagén —420 empleados, extrabajadores y jubilados de la generadora— solicitó ayer al Tribunal de Cundinamarca, donde instauró una acción popular, que tome una medida cautelar de urgencia frente a la privatización. Igual hizo el martes con el Consejo de Estado, que aún no se pronuncia frente a la acción de nulidad interpuesta desde el 26 de septiembre de 2013.
"También pusimos una acción de tutela en contra de los ministerios de Hacienda y Minas y Energía, en que le pedimos al Tribunal Superior de Medellín que nos garantice el derecho de acceso a la justicia y suspenda de manera temporal la venta, hasta que se tenga fallo definitivo de nuestras causas en altos tribunales", explicó Rodrigo Toro, mandatario de Dueños de Isagén.
Para este exdirectivo de la generadora, el Gobierno está aprovechando, de "manera oportunista", la congestión judicial para enajenar antes de que la Rama Judicial se pronuncie.
De otro lado, ayer el Comité por la Defensa de Isagén se reunió con varios senadores de oposición (Polo, Centro Democrático), la Unidad Nacional (liberales) y la Alianza Verde, en Bogotá. Tras la reunión se pactaron acciones para contarle al país lo que significa, a su juicio, privatizar a Isagén.
"Es claro que el Gobierno se está quedando solo en la venta de este patrimonio público. De hecho, el debate que habrá en el Senado fue apoyado por partidos de la Unidad Nacional", recalcó el vocero de la Red de Justicia Tributaria, Mario Alejandro Valencia.
Agregó que el viernes se radicarán en el Consejo de Estado las correcciones solicitadas en la acción de nulidad presentada desde octubre de 2013.
Por último, una acción popular se suma a otras dos en contra de la venta de Isagén, pero esta vez ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. La interpuso el martes pasado Sintraisagén, en representación de la llamada Mesa Pública de Medellín, que agrupa a sectores de la sociedad civil opositores de la venta.
"Esta acción pide medidas cautelares para frenar la venta en defensa de un invaluable patrimonio ambiental y natural, por el derecho a unas tarifas de energía justas, que se afectarán si pasa a un privado, y por la defensa de la moralidad administrativa", precisó a este diario Óscar Vallejo, presidente de Sintraisagén.
Tomado de elcolombiano.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu opinión, todas son válidas en el marco del respeto.