Bancada Verde encabezando iniciativa para evitar la politización de la rama judicial

Los senadores verdes Antonio Navarro, Iván Name, Claudia López y los representantes del mismo partido, Angélica Lozano, Inti Asprilla, Óscar Ospina, así como Víctor Correa, Alirio Uribe y Germán Navas, por el Polo, son los ponentes de un proyecto para evitar que continúe lo que se ha denominado ‘la politización de la rama judicial’.


La iniciativa, que hará curso en la Comisión Primera del Senado, seguramente será unificada con el proyecto de reequilibrio de poderes de la Unidad Nacional que, entre otras cosas, pretende restablecer el sistema de pesos y contrapesos que se vio alterado por la reforma que dio paso a la reelección presidencial en 2005; y, también, con las reformas a las altas cortes radicadas por separado por la U y los conservadores.

La principal propuesta del proyecto es que quienes hayan sido magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, o del Consejo de Estado, no puedan aspirar a Contralor General, Procurador General, Fiscal General magistrado de las altas cortes, ni a cargos de elección popular, sino ocho años después de haber dejado ese cargo.

La limitación de esos derechos también cobijaría al Fiscal General, al Contralor General, a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y al Procurador General, sobre quien quedaría, además, una restricción adicional en la Constitución: la imposibilidad de reelegirse.
Para los ponentes, el poder de nominación para Contralor, Procurador, magistrado de la Corte Constitucional y el poder de elección de magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y Fiscal General, pueden ser funciones “que se ejerzan no con la intención de nombrar a los mejores servidores públicos, sino en hacer favores que esperan cobrarse a futuro”.

Además, argumentan ellos, sin la restricción para presentarse a otras magistraturas, la administración de justicia puede ponerse al servicio de un interés personal. “por ejemplo, para ganarse el favor del Gobierno nacional, quien a su vez incide en la nominación del Procurador, del Fiscal General, y de algunos Magistrados de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura”.
Por ejemplo, uno de los funcionarios que no hubiera podido ser elegido si este impedimento estuviera, así como la prohibición de la reelección, es Alejandro Ordóñez, que fue magistrado del Consejo de Estado hasta 2005 y tres años después fue nominado por la misma corporación a la que perteneció al cargo que hoy todavía ocupa, el de procurador general.

Habrá que ver si este proyecto coincide con las posiciones de la Unidad Nacional aunque, está claro, tanto oficialismo como oposición en el Congreso han sido, recurrentemente, parte del ciclo de la politización de la Rama Judicial.