Queremos la paz, pero al igual que la ciudadanía, tenemos dudas sobre este proceso. Nosotros queremos que se sepa toda la verdad sobre el conflicto, se reconozca a las víctimas, se haga justicia y se efectué la reparación.
A quienes se nos ha impuesto las miserias y desgracias de la guerra, las barbaridades de la guerrilla, los paramilitares y de la represión estatal, la paz significa en nuestros días el cese del conflicto armado, teniendo en cuenta que esta guerra fue una decisión política que tomaron los guerrilleros solos, hace más de cuatro décadas. A ellos les toca tomar otra decisión política para abandonar las armas y la combinación de todas las formas de lucha y así, por primera vez, tengan en cuenta el clamor popular que ruega por que se acabe la violencia.
Frente al gobierno nacional, un acuerdo de paz debe ser un acuerdo político que permita integrar efectivamente a los guerrilleros a la vida civil y a la lucha política civil, con garantías sobre sus vidas, aunque sin estatus especiales, en iguales condiciones que las demás organizaciones políticas y ciudadanos. Tomando como referencia otros procesos de paz exitosos del pasado pero evitando que se repitan crímenes contra quienes entregaron las armas, es decir, un acuerdo de paz honesto debe ser uno que conduzca al desmonte posterior del paramilitarismo.
Nos preocupa que las Farc digan que la paz “no será el silenciamiento de los fusiles sino el logro de reformas estructurales”, una postura que resumen con el lema de “Paz con justicia social”, que significa en pocas palabras, la revolución por contrato, una idea ingenua o mal intencionada que siempre ha atascado los diálogos. Mientras tanto el gobierno dice que redoblará los esfuerzos militares y se esfuerza en aprobar el fuero militar, lo que nos lleva a pensar que se están preparando para alargar la guerra en vez de estar ayudando a un acuerdo de paz.
Las Farc le declararon la guerra al Estado argumentando las desigualdades, la injusticia social, las represiones violentas y la antidemocrática, llamando al pueblo a sostener la guerra porque "las vías legales están agotadas" y que únicamente con la toma del poder a través de las armas se lograría la igualdad, la democracia, la libertad y la justicia social. Y ahora pretenden que el Estado por medio de un acuerdo de paz alcance dichos logros y llaman al pueblo para que los rodee en sus negociaciones. Es claro que se equivocaron al tomar las armas sin contar con el apoyo y permiso del pueblo y por eso el pueblo no los acompañó en la guerra, por eso tampoco el pueblo los acompaña en las negociaciones de paz.
Para que se logren los cambios de fondo que clama el país, los ciudadanos debemos contar con nuestra propia fuerza, la fuerza de nuestra propia organización y movilización política y social. Ahora es el momento de la lucha civilista, que debe tener tener como estrategia principal sacar del Estado en todas partes a los gobernantes y funcionarios corruptos, a los que están con las mafias y el paramilitarismo. Debemos aspirar a reemplazar también a los neoliberales, a los privatizadores, a los que recortan derechos, salarios y suben impuestos.
La movilización de la ciudadanía es la única que tiene la fuerza política para realizar los cambios, y no puede ser sustituida solo por un aparato armado. Las cambios no caerán del cielo fruto de un acuerdo de paz y la buena voluntad de quienes hoy nos gobiernan, porqué los guerrilleros no pueden reemplazar solo con sus fusiles la voluntad y acción de la ciudadanía.
Puede que se acuerden reformas como consecuencia de los diálogos de paz, algunos hablan de una nueva Constitución, pero debemos recordar que esto no garantiza su aplicación en beneficio de la ciudadanía, si no se lucha por hacerlas realidad. Por ejemplo, la Constitución de 1991 es una gran reforma fruto de un proceso de paz, ella define a la salud como un derecho, sin embargo los gobernantes neoliberales aprovechando las faltas de claridad del texto, desarrollaron y aplicaron la Ley 100 que convirtió la salud en un negocio. Por lo que hoy movimientos políticos y sociales exigen la derogatoria de la Ley 100 y proponen un nuevo modelo de salud sin EPS.
Lo mismo ocurre con la educación, a pesar de que está definida como un derecho, se le viene quitando poco a poco la financiación, por lo que estudiantes y profesores se organizan y movilizan para exigir autonomía y financiación adecuada para la universidad pública, la educación básica y secundaria. En el caso de los trabajadores, las políticas neoliberales, las privatizaciones y la pérdida de derechos y garantías, los ha sumergido en un mar de desempleo, subcontratación, explotación e informalidad sin precedentes en el país, lo que nos exige una movilización y organización mucho más amplia y decidida.
Por último, la protección al medio ambiente, también está garantizada por la Constitución y la Ley, y existen instituciones del Estado encargadas de este propósito, pero la interpretación neoliberal de las normas permite la locomotora minera, que es la entrega del territorio nacional a grandes empresas vinculadas al capital transnacional para explotar indiscriminadamente nuestros recursos naturales, a costa de daños al medio ambiente.
De estos ejemplos podemos ver que hace falta más que una reforma o una nueva constitución fruto de un acuerdo de paz. Se necesita nuestra organización y movilización social y política, la de toda la ciudadanía, la de todos los movimientos que verdaderamente trabajan por los cambios que el país, su gente y la naturaleza necesitan.
Nota final: No perdamos de vista que mientras se hacen discursos en Oslo y en la Habana, en Colombia, el Congreso de la República está por aprobar una reforma tributaria que es más impuestos contra el pueblo.
A quienes se nos ha impuesto las miserias y desgracias de la guerra, las barbaridades de la guerrilla, los paramilitares y de la represión estatal, la paz significa en nuestros días el cese del conflicto armado, teniendo en cuenta que esta guerra fue una decisión política que tomaron los guerrilleros solos, hace más de cuatro décadas. A ellos les toca tomar otra decisión política para abandonar las armas y la combinación de todas las formas de lucha y así, por primera vez, tengan en cuenta el clamor popular que ruega por que se acabe la violencia.
Frente al gobierno nacional, un acuerdo de paz debe ser un acuerdo político que permita integrar efectivamente a los guerrilleros a la vida civil y a la lucha política civil, con garantías sobre sus vidas, aunque sin estatus especiales, en iguales condiciones que las demás organizaciones políticas y ciudadanos. Tomando como referencia otros procesos de paz exitosos del pasado pero evitando que se repitan crímenes contra quienes entregaron las armas, es decir, un acuerdo de paz honesto debe ser uno que conduzca al desmonte posterior del paramilitarismo.
Nos preocupa que las Farc digan que la paz “no será el silenciamiento de los fusiles sino el logro de reformas estructurales”, una postura que resumen con el lema de “Paz con justicia social”, que significa en pocas palabras, la revolución por contrato, una idea ingenua o mal intencionada que siempre ha atascado los diálogos. Mientras tanto el gobierno dice que redoblará los esfuerzos militares y se esfuerza en aprobar el fuero militar, lo que nos lleva a pensar que se están preparando para alargar la guerra en vez de estar ayudando a un acuerdo de paz.
Las Farc le declararon la guerra al Estado argumentando las desigualdades, la injusticia social, las represiones violentas y la antidemocrática, llamando al pueblo a sostener la guerra porque "las vías legales están agotadas" y que únicamente con la toma del poder a través de las armas se lograría la igualdad, la democracia, la libertad y la justicia social. Y ahora pretenden que el Estado por medio de un acuerdo de paz alcance dichos logros y llaman al pueblo para que los rodee en sus negociaciones. Es claro que se equivocaron al tomar las armas sin contar con el apoyo y permiso del pueblo y por eso el pueblo no los acompañó en la guerra, por eso tampoco el pueblo los acompaña en las negociaciones de paz.
¡La justicia social no vendrá de la paz, sino de la más amplia movilización ciudadana!
Para que se logren los cambios de fondo que clama el país, los ciudadanos debemos contar con nuestra propia fuerza, la fuerza de nuestra propia organización y movilización política y social. Ahora es el momento de la lucha civilista, que debe tener tener como estrategia principal sacar del Estado en todas partes a los gobernantes y funcionarios corruptos, a los que están con las mafias y el paramilitarismo. Debemos aspirar a reemplazar también a los neoliberales, a los privatizadores, a los que recortan derechos, salarios y suben impuestos.
La movilización de la ciudadanía es la única que tiene la fuerza política para realizar los cambios, y no puede ser sustituida solo por un aparato armado. Las cambios no caerán del cielo fruto de un acuerdo de paz y la buena voluntad de quienes hoy nos gobiernan, porqué los guerrilleros no pueden reemplazar solo con sus fusiles la voluntad y acción de la ciudadanía.
Puede que se acuerden reformas como consecuencia de los diálogos de paz, algunos hablan de una nueva Constitución, pero debemos recordar que esto no garantiza su aplicación en beneficio de la ciudadanía, si no se lucha por hacerlas realidad. Por ejemplo, la Constitución de 1991 es una gran reforma fruto de un proceso de paz, ella define a la salud como un derecho, sin embargo los gobernantes neoliberales aprovechando las faltas de claridad del texto, desarrollaron y aplicaron la Ley 100 que convirtió la salud en un negocio. Por lo que hoy movimientos políticos y sociales exigen la derogatoria de la Ley 100 y proponen un nuevo modelo de salud sin EPS.
Lo mismo ocurre con la educación, a pesar de que está definida como un derecho, se le viene quitando poco a poco la financiación, por lo que estudiantes y profesores se organizan y movilizan para exigir autonomía y financiación adecuada para la universidad pública, la educación básica y secundaria. En el caso de los trabajadores, las políticas neoliberales, las privatizaciones y la pérdida de derechos y garantías, los ha sumergido en un mar de desempleo, subcontratación, explotación e informalidad sin precedentes en el país, lo que nos exige una movilización y organización mucho más amplia y decidida.
Por último, la protección al medio ambiente, también está garantizada por la Constitución y la Ley, y existen instituciones del Estado encargadas de este propósito, pero la interpretación neoliberal de las normas permite la locomotora minera, que es la entrega del territorio nacional a grandes empresas vinculadas al capital transnacional para explotar indiscriminadamente nuestros recursos naturales, a costa de daños al medio ambiente.
De estos ejemplos podemos ver que hace falta más que una reforma o una nueva constitución fruto de un acuerdo de paz. Se necesita nuestra organización y movilización social y política, la de toda la ciudadanía, la de todos los movimientos que verdaderamente trabajan por los cambios que el país, su gente y la naturaleza necesitan.
Nota final: No perdamos de vista que mientras se hacen discursos en Oslo y en la Habana, en Colombia, el Congreso de la República está por aprobar una reforma tributaria que es más impuestos contra el pueblo.
Jóvenes Progresistas - Diciembre de 2012
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