"Mientras las empresas intermediarias de la salud registran pingües ganancias y se generalizan los casos de corrupción con los recursos de la salud ante la mirada permisiva del Ministerio y la Superintendencia de Salud , se produce la quiebra de la red pública hospitalaria, se desvirtúa la relación médico-paciente, se desmejoran los servicios a los usuarios, se privatizan y encarecen los servicios de salud así como los medicamentos y se deterioran las condiciones laborales de los trabajadores del sector de la salud. Por ello, hoy es necesario volver a rescatar el principio de la salud como derecho y no como mercancía. "
1 - La Salud como Derecho y el Derecho a la Salud
La concepción neoliberal predominante desde los años ochenta en el mundo y la profesión de fe ante el mercado trastocó por completo la esencia de la política social. Con base en esa concepción la salud empezó a ser tratada como una mercancía más. El fracaso de esta concepción en las últimas dos décadas es evidente. Hasta en naciones del continente europeo las condiciones sociales se deterioran y provocan la airada respuesta de millones de “indignados”.
En Colombia, esa concepción tuvo su mejor expresión en la Ley 100 de 1993 y todos sus decretos reglamentarios. Y, como en Europa, sus consecuencias no pueden ser más nefastas:
1 - La Salud como Derecho y el Derecho a la Salud
La concepción neoliberal predominante desde los años ochenta en el mundo y la profesión de fe ante el mercado trastocó por completo la esencia de la política social. Con base en esa concepción la salud empezó a ser tratada como una mercancía más. El fracaso de esta concepción en las últimas dos décadas es evidente. Hasta en naciones del continente europeo las condiciones sociales se deterioran y provocan la airada respuesta de millones de “indignados”.
En Colombia, esa concepción tuvo su mejor expresión en la Ley 100 de 1993 y todos sus decretos reglamentarios. Y, como en Europa, sus consecuencias no pueden ser más nefastas:
Mientras las empresas intermediarias de la salud registran pingües ganancias y se generalizan los casos de corrupción con los recursos de la salud ante la mirada permisiva del Ministerio y la Superintendencia de Salud , se produce la quiebra de la red pública hospitalaria, se desvirtúa la relación médico-paciente, se desmejoran los servicios a los usuarios, se privatizan y encarecen los servicios de salud así como los medicamentos y se deterioran las condiciones laborales de los trabajadores del sector de la salud. Por ello, hoy es necesario volver a rescatar el principio de la salud como derecho y no como mercancía.
También es importante recordar los aspectos centrales del Derecho a la Salud. La Corte Constitucional, mediante Sentencia T-760-2008 reiteró que “el derecho a la salud es fundamental” y que comprende, entre otros, “el derecho a acceder a servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad.” Se trata de un derecho tutelable en determinadas circunstancias que la jurisprudencia ha precisado:
a- Cuando, de acuerdo con el concepto del médico tratante, los servicios de salud se requieran, en especial si el servicio fue ordenado en beneficio de un(a) niño(a);
b- Cuando el acceso al servicio es obstaculizado mediante la exigencia previa de que se paguen sumas de dinero, si se carece de capacidad económica;
c- Cuando el servicio que se requiere es un examen o prueba diagnóstica;
d- Cuando por incapacidad económica la persona no se encuentre al día con sus cotizaciones y las EPS o IPS le niegen el servicio;
e- Cuando el servicio se requiera para enfrentar enfermedades catastróficas y de alto costo;
f- Cuando el servicio de salud es interrumpido por vencimiento del contrato de la IPS con la EPS;
g- Cuando la EPS, o la entidad del sector de salud encargada, no brinda la información, acompañamiento y seguimiento necesario para poder asegurar a la persona el acceso al servicio de salud que requiere;
h- Cuando se obstaculiza el acceso al servicio, al trasladarle al usuario cargas administrativas y burocráticas que le corresponde asumir a la EPS;
i- Cuando el servicio solicitado hace parte integral de un tratamiento que se está recibiendo o que se tiene derecho a recibir y;
j- Cuando se obstaculiza a la persona la libertad de elegir la entidad a la cual se puede afiliar.
Todos los colombianos debemos exigir el cumplimiento de estos derechos y denunciar cuando los mismos sean vulnerados.
2 – Fortalecimiento de la Red Hospitalaria
De acuerdo con las diferentes agremiaciones del sector, la crisis de la salud en Antioquia está sobrediagnosticada y se han naturalizado situaciones tan preocupantes como el cierre de hospitales, la ineficiencia del servicio, trabajadores de la salud que no reciben su salario, y cientos de personas que a diario tienen dificultades en el acceso y oportunidad en la prestación del servicio de salud. Más de 1.2 billones de pesos es la deuda que las entidades administradoras de planes de beneficios tienen con los hospitales tanto públicos como privados de la ciudad de Medellín y del departamento de Antioquia.
Con relación a la red hospitalaria de Medellín, el estado de iliquidez que afrontan las entidades no es diferente a la del resto del país y es común a las prestadoras de salud, tanto públicas como privadas. Según Metrosalud, la condición financiera es altamente delicada. "Al déficit de 20 mil millones de pesos que registrábamos a diciembre 31 de 2011, se suman cinco mil millones más del primer trimestre de este año", las deudas que tienen las EPS subsidiadas con esta institución generan una cartera de más de 43 mil millones de pesos, algo verdaderamente dramático para las arcas de la empresa"1. El 60% de la cartera está en manos de Caprecom, Emdisalud, Salud Vida, Cafesalud, Salud Cóndor y Comfenalco, algunas de ellas ya intervenidas o en proceso de liquidación, lo que significa que es una cartera de difícil recaudo o recuperación.
Por eso hacemos un llamado al gobierno nacional para que asuma la solución a esta situación tan grave, ya que consideramos necesaria una regulación estricta e integral del sistema de salud con el fin de resolver la crisis que afronta la red hospitalaria, tanto pública como privada, dado el detrimento que generan las condiciones financieras del actual flujo de recursos de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio – EAPB- a los prestadores de servicios, así como el flujo desde el Fosyga, que tarda en promedio más de 900 días para cancelar una cuenta de cobro, demostrando así que su cultura administrativa es no pagar.
3 – Trabajo Decente para los Trabajadores de la Salud
Aparte de los usuarios, los trabajadores de la salud han sido la otra víctima del perverso modelo de seguridad social de la Ley 100, que han visto desmejorar sus condiciones de vida a causa del deterioro de las condiciones laborales como estrategia para incrementar la rentabilidad del “negocio de la salud”.
Las formas de contratación “intermediada" o tercerizada han deslaboralizado la relación de trabajo, y reducido cada vez más sus ingresos. Los trabajadores de la salud laboran con salarios de miseria y con limitadas posibilidades para ejercer los derechos de libertad sindical. Hoy prevalecen las Órdenes de Prestación de Servicios, las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), las Cooperativas de Trabajo Asociado (todavía vivas o remplazadas por falsos sindicatos creados por los propios empresarios de la salud), las empresas temporales, la contratación por horas, por honorarios, por obra realizada o por jornada ocasional, la necesidad de recurrir a múltiples contrataciones para poder completar un salario que cubra las necesidades.
En muchos hospitales el personal es insuficiente y quienes allí laboran están sometidos a enormes cargas de trabajo, llevan meses sin recibir sueldo y, paradójicamente, sin derecho a la salud a causa de la mora en que se encuentran las EPS y el Estado con las Instituciones Prestadoras de los Servicios de Salud.
Y en algunas regiones del departamento las condiciones de trabajo se desarrollan bajo extenuantes jornadas, sin ninguna autonomía para ejercer su profesión, y en contextos de alto riesgo para la vida, por el irrespeto de los actores armados a las misiones médicas y al personal de las entidades de la salud. Son frecuentes los casos de violencia contra el personal médico y las instalaciones de salud.
Por todo lo anterior, reivindicamos devolver a los hospitales públicos su naturaleza, eliminando la privatización parcial o total de servicios, integrando a la planta de personal los trabajadores que sean necesarios para garantizar la adecuada prestación del servicio, en condiciones dignas, contratación directa, y con pleno derecho al ejercicio de las libertades sindicales, esto es, TRABAJO DECENTE para los trabajadores de la salud.
4 –Nuevo Modelo de Gestión de la Salud
El sistema de salud del país está pasando por un momento muy crítico que tiene muchas facetas, entre otras, la demora con que el FOSYGA gira los recursos a las entidades prestadoras y la extendida práctica de las EPS de glosar las cuentas facturadas y de hacer recobros que en muchos casos no coinciden con la realidad de los servicios prestados.
La crisis se ha profundizado a raíz de los recientes escándalos por corrupción e investigaciones que enfrentan varias entidades del sector así como a la intervención de que han sido objeto varias EPS, a la unificación de los Planes Obligatorios de Salud (POS) del régimen contributivo y del subsidiado y a la insolvencia de no pocos hospitales públicos.
Sin embargo, todos estos son apenas los síntomas de una enfermedad cuyo origen está en el modelo de salud de la Ley 100 de 1993 que mercantilizó la salud mediante de la creación de una serie de entidades intermediarias que se quedan con los recursos de la salud, levantan una serie de barreras para el acceso a los servicios y para quienes el criterio de funcionamiento es el lucro y la ganancia.
Transcurridos casi veinte años desde su expedición, la ley no ha servido para garantizar la cobertura universal que se anunciaba ni para brindarle un servicio de salud de calidad, eficiente y oportuno a los usuarios. Lo que sobresale es la crisis financiera del sector que acumula un déficit cercano a los 9 billones de pesos y que podría incrementarse bruscamente con la reciente decisión del gobierno de unificar los Planes Obligatorio de Salud (POS) de los regímenes Contributivo y Subsidiado, sin haber unificado el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de los dos regímenes: $ 580 mil y $430.000, respectivamente.
Estas dos décadas de implementación son suficientes para confirmar el fracaso total del modelo que nos vendieron los pontífices del neoliberalismo así como las reformas introducidas al mismo, pues todas ellas han sido insuficientes para atender el desajuste financiero, así como para resolver los problemas de equidad, calidad y cobertura. Y lo han sido, porque todas ellas han estado inspiradas y basadas en mantener intactos los principios neoliberales definidos por la Ley 100.
Exigimos, por tanto, un nuevo modelo de salud que ponga como divisa al ser humano y no al lucro o la ganancia. Ese modelo debe erradicar la mercantilización que se ha hecho de la salud y por ello debe eliminar todo tipo de intermediación entre las instituciones prestadoras de los servicios y los usuarios.
El Estado debe asumir las riendas del sistema, derogar las políticas existentes y formular nuevas que permitan realmente una atención digna y accesible a los ciudadanos, garantizando el adecuado uso de los recursos y el reconocimiento de la salud como un derecho fundamental. Es necesaria la formulación de una propuesta que garantice cuatro principios básicos: que sea transparente; que la gente conozca y entienda las decisiones que le afectan su servicio de salud; que las decisiones sean legítimas, construidas en consenso con la participación de los actores del sistema y; que lo que se decida, se pueda revisar con el tiempo.
Debe estar basado en la búsqueda de una verdadera universalidad, equidad, eficiencia y oportunidad en el acceso a los servicios de salud y que, como ya se dijo, debe ser el resultado del más amplio concurso de autoridades locales y regionales de salud, trabajadores del sector, asociaciones científicas, agremiaciones profesionales, instituciones universitarias y, por supuesto, de los usuarios, los verdaderos objetivos de todo modelo de salud.
En lo inmediato, creemos urgente la declaratoria de la emergencia social que permita la expedición de normas de excepción y la asignación de los recursos necesarios para salvar al sistema. Y así como en el pasado se creó el impuesto del 4x1.000 para salvar de la bancarrota a varias instituciones financieras y se siguen despilfarrando recursos en el esfuerzo de la guerra, hoy el gobierno nacional debe acudir sin demora ni tacañería a salvar la salud so pena de atentar contra un derecho fundamental, el derecho a la salud conexo con el derecho fundamental a la vida de los colombianos.
Comités Ejecutivos CUT y CGT.
Mesa de Movimientos Alternativos de Antioquia:
Alianza Social Independiente, Movimiento Progresistas de Antioquia, Centro Independiente, Con El Poder de la Gente y Corriente Verde.
1 Tomado de http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla. Consultada 12 julio 2012.
También es importante recordar los aspectos centrales del Derecho a la Salud. La Corte Constitucional, mediante Sentencia T-760-2008 reiteró que “el derecho a la salud es fundamental” y que comprende, entre otros, “el derecho a acceder a servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad.” Se trata de un derecho tutelable en determinadas circunstancias que la jurisprudencia ha precisado:
a- Cuando, de acuerdo con el concepto del médico tratante, los servicios de salud se requieran, en especial si el servicio fue ordenado en beneficio de un(a) niño(a);
b- Cuando el acceso al servicio es obstaculizado mediante la exigencia previa de que se paguen sumas de dinero, si se carece de capacidad económica;
c- Cuando el servicio que se requiere es un examen o prueba diagnóstica;
d- Cuando por incapacidad económica la persona no se encuentre al día con sus cotizaciones y las EPS o IPS le niegen el servicio;
e- Cuando el servicio se requiera para enfrentar enfermedades catastróficas y de alto costo;
f- Cuando el servicio de salud es interrumpido por vencimiento del contrato de la IPS con la EPS;
g- Cuando la EPS, o la entidad del sector de salud encargada, no brinda la información, acompañamiento y seguimiento necesario para poder asegurar a la persona el acceso al servicio de salud que requiere;
h- Cuando se obstaculiza el acceso al servicio, al trasladarle al usuario cargas administrativas y burocráticas que le corresponde asumir a la EPS;
i- Cuando el servicio solicitado hace parte integral de un tratamiento que se está recibiendo o que se tiene derecho a recibir y;
j- Cuando se obstaculiza a la persona la libertad de elegir la entidad a la cual se puede afiliar.
Todos los colombianos debemos exigir el cumplimiento de estos derechos y denunciar cuando los mismos sean vulnerados.
2 – Fortalecimiento de la Red Hospitalaria
De acuerdo con las diferentes agremiaciones del sector, la crisis de la salud en Antioquia está sobrediagnosticada y se han naturalizado situaciones tan preocupantes como el cierre de hospitales, la ineficiencia del servicio, trabajadores de la salud que no reciben su salario, y cientos de personas que a diario tienen dificultades en el acceso y oportunidad en la prestación del servicio de salud. Más de 1.2 billones de pesos es la deuda que las entidades administradoras de planes de beneficios tienen con los hospitales tanto públicos como privados de la ciudad de Medellín y del departamento de Antioquia.
Con relación a la red hospitalaria de Medellín, el estado de iliquidez que afrontan las entidades no es diferente a la del resto del país y es común a las prestadoras de salud, tanto públicas como privadas. Según Metrosalud, la condición financiera es altamente delicada. "Al déficit de 20 mil millones de pesos que registrábamos a diciembre 31 de 2011, se suman cinco mil millones más del primer trimestre de este año", las deudas que tienen las EPS subsidiadas con esta institución generan una cartera de más de 43 mil millones de pesos, algo verdaderamente dramático para las arcas de la empresa"1. El 60% de la cartera está en manos de Caprecom, Emdisalud, Salud Vida, Cafesalud, Salud Cóndor y Comfenalco, algunas de ellas ya intervenidas o en proceso de liquidación, lo que significa que es una cartera de difícil recaudo o recuperación.
Por eso hacemos un llamado al gobierno nacional para que asuma la solución a esta situación tan grave, ya que consideramos necesaria una regulación estricta e integral del sistema de salud con el fin de resolver la crisis que afronta la red hospitalaria, tanto pública como privada, dado el detrimento que generan las condiciones financieras del actual flujo de recursos de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio – EAPB- a los prestadores de servicios, así como el flujo desde el Fosyga, que tarda en promedio más de 900 días para cancelar una cuenta de cobro, demostrando así que su cultura administrativa es no pagar.
3 – Trabajo Decente para los Trabajadores de la Salud
Aparte de los usuarios, los trabajadores de la salud han sido la otra víctima del perverso modelo de seguridad social de la Ley 100, que han visto desmejorar sus condiciones de vida a causa del deterioro de las condiciones laborales como estrategia para incrementar la rentabilidad del “negocio de la salud”.
Las formas de contratación “intermediada" o tercerizada han deslaboralizado la relación de trabajo, y reducido cada vez más sus ingresos. Los trabajadores de la salud laboran con salarios de miseria y con limitadas posibilidades para ejercer los derechos de libertad sindical. Hoy prevalecen las Órdenes de Prestación de Servicios, las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), las Cooperativas de Trabajo Asociado (todavía vivas o remplazadas por falsos sindicatos creados por los propios empresarios de la salud), las empresas temporales, la contratación por horas, por honorarios, por obra realizada o por jornada ocasional, la necesidad de recurrir a múltiples contrataciones para poder completar un salario que cubra las necesidades.
En muchos hospitales el personal es insuficiente y quienes allí laboran están sometidos a enormes cargas de trabajo, llevan meses sin recibir sueldo y, paradójicamente, sin derecho a la salud a causa de la mora en que se encuentran las EPS y el Estado con las Instituciones Prestadoras de los Servicios de Salud.
Y en algunas regiones del departamento las condiciones de trabajo se desarrollan bajo extenuantes jornadas, sin ninguna autonomía para ejercer su profesión, y en contextos de alto riesgo para la vida, por el irrespeto de los actores armados a las misiones médicas y al personal de las entidades de la salud. Son frecuentes los casos de violencia contra el personal médico y las instalaciones de salud.
Por todo lo anterior, reivindicamos devolver a los hospitales públicos su naturaleza, eliminando la privatización parcial o total de servicios, integrando a la planta de personal los trabajadores que sean necesarios para garantizar la adecuada prestación del servicio, en condiciones dignas, contratación directa, y con pleno derecho al ejercicio de las libertades sindicales, esto es, TRABAJO DECENTE para los trabajadores de la salud.
4 –Nuevo Modelo de Gestión de la Salud
El sistema de salud del país está pasando por un momento muy crítico que tiene muchas facetas, entre otras, la demora con que el FOSYGA gira los recursos a las entidades prestadoras y la extendida práctica de las EPS de glosar las cuentas facturadas y de hacer recobros que en muchos casos no coinciden con la realidad de los servicios prestados.
La crisis se ha profundizado a raíz de los recientes escándalos por corrupción e investigaciones que enfrentan varias entidades del sector así como a la intervención de que han sido objeto varias EPS, a la unificación de los Planes Obligatorios de Salud (POS) del régimen contributivo y del subsidiado y a la insolvencia de no pocos hospitales públicos.
Sin embargo, todos estos son apenas los síntomas de una enfermedad cuyo origen está en el modelo de salud de la Ley 100 de 1993 que mercantilizó la salud mediante de la creación de una serie de entidades intermediarias que se quedan con los recursos de la salud, levantan una serie de barreras para el acceso a los servicios y para quienes el criterio de funcionamiento es el lucro y la ganancia.
Transcurridos casi veinte años desde su expedición, la ley no ha servido para garantizar la cobertura universal que se anunciaba ni para brindarle un servicio de salud de calidad, eficiente y oportuno a los usuarios. Lo que sobresale es la crisis financiera del sector que acumula un déficit cercano a los 9 billones de pesos y que podría incrementarse bruscamente con la reciente decisión del gobierno de unificar los Planes Obligatorio de Salud (POS) de los regímenes Contributivo y Subsidiado, sin haber unificado el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de los dos regímenes: $ 580 mil y $430.000, respectivamente.
Estas dos décadas de implementación son suficientes para confirmar el fracaso total del modelo que nos vendieron los pontífices del neoliberalismo así como las reformas introducidas al mismo, pues todas ellas han sido insuficientes para atender el desajuste financiero, así como para resolver los problemas de equidad, calidad y cobertura. Y lo han sido, porque todas ellas han estado inspiradas y basadas en mantener intactos los principios neoliberales definidos por la Ley 100.
Exigimos, por tanto, un nuevo modelo de salud que ponga como divisa al ser humano y no al lucro o la ganancia. Ese modelo debe erradicar la mercantilización que se ha hecho de la salud y por ello debe eliminar todo tipo de intermediación entre las instituciones prestadoras de los servicios y los usuarios.
El Estado debe asumir las riendas del sistema, derogar las políticas existentes y formular nuevas que permitan realmente una atención digna y accesible a los ciudadanos, garantizando el adecuado uso de los recursos y el reconocimiento de la salud como un derecho fundamental. Es necesaria la formulación de una propuesta que garantice cuatro principios básicos: que sea transparente; que la gente conozca y entienda las decisiones que le afectan su servicio de salud; que las decisiones sean legítimas, construidas en consenso con la participación de los actores del sistema y; que lo que se decida, se pueda revisar con el tiempo.
Debe estar basado en la búsqueda de una verdadera universalidad, equidad, eficiencia y oportunidad en el acceso a los servicios de salud y que, como ya se dijo, debe ser el resultado del más amplio concurso de autoridades locales y regionales de salud, trabajadores del sector, asociaciones científicas, agremiaciones profesionales, instituciones universitarias y, por supuesto, de los usuarios, los verdaderos objetivos de todo modelo de salud.
En lo inmediato, creemos urgente la declaratoria de la emergencia social que permita la expedición de normas de excepción y la asignación de los recursos necesarios para salvar al sistema. Y así como en el pasado se creó el impuesto del 4x1.000 para salvar de la bancarrota a varias instituciones financieras y se siguen despilfarrando recursos en el esfuerzo de la guerra, hoy el gobierno nacional debe acudir sin demora ni tacañería a salvar la salud so pena de atentar contra un derecho fundamental, el derecho a la salud conexo con el derecho fundamental a la vida de los colombianos.
Comités Ejecutivos CUT y CGT.
Mesa de Movimientos Alternativos de Antioquia:
Alianza Social Independiente, Movimiento Progresistas de Antioquia, Centro Independiente, Con El Poder de la Gente y Corriente Verde.
1 Tomado de http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla. Consultada 12 julio 2012.
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