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Pese a denominarse “El país del Sagrado Corazón de Jesús” y pese a que
la mayoría de habitantes son creyentes, en Colombia hay miles de
personas que no profesan fe alguna y que merecen que las autoridades
respeten sus opiniones.
Hay que recordar que los ateos tienen derecho a la libertad de culto:
pese a estar protegidos por la ley, sin embargo, algunos son
discriminados por sus opiniones.
Es el caso de la familia Ariza
Ardila, que tuvo que llegar, incluso, a instancias judiciales para que
se supiera de las agresiones en contra de su hija menor por el simple
hecho de que su padre le hubiera solicitado a una de sus profesoras que
la apartara de la clase de religión. Los demandantes señalan que la
menor fue apartada y que el acoso fue tal que en un momento la menor le
dijo a su padre que pensaba suicidarse “porque nadie la quería”. Lo que
hizo que sus padres la retiraran de ese centro educativo. Ahora la menor
y su hermana se encuentran a la espera de un cupo en un colegio
distrital y mientras tanto estudian en casa junto a su padre. Ni la
Secretaría de Educación ni el Ministerio de
Educación han hecho algo al
respecto.
La familia espera que el Tribunal Superior de Bogotá,
que estudia su caso, falle a su favor y le ordene al ministerio que,
entre otras, excluya la clase de religión del currículo académico de los
miles de colegios a nivel nacional y lleve “a cabo un plan de acción
para que en los colegios públicos se incluya suficiente ilustración para
que el estudiantado ejerza la libertad de conciencia y, dado el caso,
el ateísmo (…) Cada familia decidirá dentro de su ámbito interior la
forma como manejar estos temas”. “Las clases de religión están
ilustradas por asuntos cristianos, desconociendo otras religiones, que
aunque minoritarias en este lado del planeta, no por ello deben ser
relegadas a la inexistencia”, sostuvo al respecto Germán Humberto Rincón
Perfetti, abogado de la familia.
Hay que decir, primero, que la
ley protege a los ateos de que se les obligue a hacer parte de eventos
que no concuerdan con su forma de ver y entender el mundo. El decreto
4500 de 2006 lo señala muy claro: “Los estudiantes ejercen su derecho a
la libertad religiosa al optar o no por tomar la educación religiosa que
se ofrece en su establecimiento educativo (…) Esta decisión deberá ser
adoptada por los padres o tutores legales de los menores o por los
estudiantes si son mayores de edad”. De la misma forma sostiene
vehemente que “ningún docente estatal podrá usar su cátedra para hacer
proselitismo religioso o para impartir una educación religiosa en
beneficio de un credo específico”.
Entonces el problema no es que
la ley no exista sino que no se respete. A los profesores, a las
autoridades y a la sociedad en general hay que recordarles que los ateos
merecen respeto, que no son bichos raros o “pecadores”, que sus
opiniones son igual de respetables a las de los creyentes y que nadie
puede obligarlos a hacer parte de eventos que no son acordes con sus
creencias. Si respetamos que un católico o un musulmán no se vean
obligados a actuar contra lo que piensan, no hay razones para no actuar
de la misma forma con los ateos.
No es sólo reconocer que hay
quienes creen en otros dioses sino también que hay personas que no creen
en ningún dios, postura igualmente válida. Los profesores tienen que
respetar a las familias ateas y lo mismo tienen que hacer las
autoridades. Ojalá el Tribunal Superior de Bogotá falle en derecho.
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