El Comité Ejecutivo departamental de Alianza Verde en Antioquia invita a los concejales de esta colectividad a pedir el retiro del proyecto de Acuerdo 300 de febrero 2015.

Después de una cordial reunión con los tres concejales del partido Alianza Verde, el Comité Ejecutivo consideró que la solicitud de facultades extraordinarias que hace el alcalde Aníbal Gaviria al Concejo de la ciudad mediante el proyecto de Acuerdo No 300, no es conveniente para por las razones siguientes:

1) El Concejo Municipal es el organismo que simboliza la democracia en la ciudad y entregar de manera reiterativa facultades omnímodas a un mandatario es tanto como entrar a desandar el
camino que se emprendió desde la constitución del 91 en esa materia. Proceder de esa manera termina limitando las competencias que la ley le asigna a esta corporación, delegando
su soberanía y convirtiéndoseen un simple espectador en cuanto a la formulación de las políticas públicas, eso debilita y desdibuja el papel protagónico que debe jugar para orientar el rumbo de la ciudad. De facto, los concejales que así actúen estarían apartándose de los ciudadanos que depositaron su voto para representarlos.


2) Se considera que el alcalde debe radicar los proyectos que se requieran, soportados con los estudios técnicos necesarios, para que cursen el trámite correspondiente en esa corporación y
así poder garantizar que los concejales puedan estudiarlos, hacer sus anotaciones y socializarlos con la ciudadanía; delegar en el ejecutivo no es conveniente ya que se estarían generando normas a espalda de la ciudadanía.

3) Las facultades solicitadas por el Alcalde son de mucha trascendencia para el futuro de Medellín y tienen que ver con la creación de establecimientos públicos y empresas industriales o
comerciales del Estado, pero también para modificar los existentes, y entre ellos, aquellos cuya competencia esté asignada legalmente al Concejo de Medellín, además, para realizar las modificaciones presupuestales necesarias. Si bien es cierto que el 11 de noviembre de 2014 con la aprobación del POT se declaró al municipio de Medellín como un conglomerado público o gobierno corporativo, cuyo fin es “lograr el mayor grado de coordinación posible entre los intereses de los individuos, las empresas y la sociedad”, su  implementación requiere de una inspección rigurosa para que no se pongan en riesgo los fines misionales para los cuales fueron
constituidos los entes descentralizados actuales y no se facilite su entrega a los intereses privados, lo cual se puede hacer modificando la composición accionaria o entregando su administración como sucedió con la fusión UNE –Milicom. Lo que está en juego no es de poca monta. Tal como lo afirma el propio alcalde, “El conglomerado público de Medellín lo conforman 46 entidades, entre ellas 29 directas y 17 con socios estratégicos; cuenta con
activos de $57 billones y un patrimonio de $33.3 billones (a diciembre 31 de 2014), además de un promedio de 67.000 empleos entre directos e indirectos. Este es el quinto Conglomerado
más grande del país por tamaño de activos y el segundo en el sector público luego de Ecopetrol.

Esta iniciativa cuenta con la asesoría del BID, el Banco Mundial, la CAF, organismos que mantienen estrechas relacionescon las grandes multinacionales, lo que amerita y aconseja mucha discusión pública y no simplemente dejar esa trascendental decisión en manos de unos tecnócratas, la mayoría de ellos divorciados de los intereses públicos. El esquema de gobierno
corporativo está en el contexto de la profundización en la aplicación del modelo económico vigenteen nuestro país que solo ha traído pobreza, devastación del medio ambiente, pérdida
del patrimonio de la nación y mayor desigualdad social. Es oportuno recordar que en el Congreso de la República hace tránsito un proyecto de ley encaminado a modificar el objeto
social de las entidades prestadoras de servicios públicos en pro de que esos entes descentralizados puedan invertir en otras áreas de la economía, propiciando el abandono de sus fines primordiales como lo son la de proveer rentabilidad social ofreciendo servicios
públicos domiciliarios a precios accesibles para la población.

4)Presentar un proyecto de acuerdo de esa naturaleza en un ambiente preelectoral genera mucha suspicacia por aquello de la posibilidad, muy real, de incidir en campañas electorales a
través de favorecimientos a seguidores y aún a corporados.

5) La reciente experiencia en los casos de UNE-Millicom y la aplazada venta de las acciones de ISAGEN aconseja ser cauteloso con los cantos de sirena del alcalde Aníbal Gaviria. Si algo revela
su gestión es la presteza para feriar el patrimonio público dejando el interés público en un segundo plano, apelando para ello a dudosos y sibilinos razonamientos técnicos de eficiencia
administrativa.Por lo tanto constituye un verdadero GOLPE DE ESTADO contra el patrimonio público de la ciudad, lo cual es inadmisible para nuestro partido y para la ciudadanía
medellinense.

6) Con base en las anteriores consideraciones, el Comité Ejecutivo de Alianza Verde en Antioquia invita a sus tres representantes en el Concejo de Medellín, a pedir el retiro del proyecto de Acuerdo 300 y, en caso de no ser atendida dicha petición a votar negativamente su aprobación.

Medellín, Febrero 23 / 2015