Durante cuatro horas organizaciones sociales, gremios, académicos, autoridades locales y los ministerios de Justicia, Interior y Defensa debatieron este proyecto de iniciativa gubernamental que podría comenzar a ser tramitado, incluso, antes de que se acabe esta legislatura, el próximo 16 de diciembre.
Los voceros del gobierno Nacional explicaron que este proyecto viene siendo trabajado de tiempo atrás, con el liderazgo de la Policía y que por ello fue presentado a consideración del Senado por el Ministerio de Defensa, al que está adscrito.
Justo al respecto apuntaron las principales críticas. La representante Lozano, por ejemplo, afirmó que los distintos enfoques que quedaron latentes en las presentaciones de los Ministerios muestran “una grave desconexión” en el seno del gobierno.
La senadora Claudia López, por su parte, resaltó que el proyecto tiene “más que un sesgo de policía, uno militarista, aferrado aún a proteger esa entelequia del orden público”. En cambio, insistió, se echan de menos soluciones a los verdaderos problemas de convivencia ciudadana, que representan el principal componente de la violencia en el país.
Otro de los desafíos para el texto final que regule la convivencia ciudadana será adaptarse a la diversidad poblacional y territorial del país. “No es lo mismo un problema entre vecinos en una ciudad como Bogotá que en un municipio de menos de 10 mil habitantes” afirmó la concejal por Bogotá, María Fernanda Rojas, durante su presentación.
Lozano, López y Rojas resaltaron que en un país que aspire a vivir en paz, o al menos a reducir la violencia tras un acuerdo de paz con las Farc, se requiere de un enfoque que incorpore el posconflicto y las nuevas dinámicas ciudadanas, mediatizadas por la tecnología.
Algunos defensores de derechos humanos, como Mauricio Albarracín, de Colombia Diversa, alertaron sobre disposiciones contenidas en el proyecto que afectarían las libertades ciudadanas. “El proyecto amplia las facultades de detención de la Fuerza Publica, sin respetar el debido proceso” afirmó.
Blanca Durán, experta en gobierno local y espacio público, expresó que “necesitamos un proyecto de código con un enfoque en los derechos de los jóvenes, construido con participación ciudadana, que abarque también programas educativos para la convivencia; que sea más preventivo y no tan represivo”
La representante Lozano concluyó que “la intención es que el nuevo código salga bien hecho” y que “hay fallas que nos interesa corregir”. En especial mencionó los problemas en las urbanizaciones y edificios de propiedad horizontal, donde vive más de la mitad de la población” y los mecanismos para que esta nueva regulación “se aterricen en el ejercicio cotidiano de ciudades y municipios pequeños”.
Las dudas y sugerencias que tenga la ciudadanía se pueden enviar a través de la página www.angelicalozano.com y el correo electrónico: clopezsenado10@gmail.com
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