"Lo cortés no me quita lo valiente": Claudia López

Una cosa es ser analista política y otra, protagonista de la política. ¿Cuál es su evaluación de sus tres primeros meses de senadora?

Me siento como si estuviera estudiando cuatro doctorados al tiempo. El Congreso es una gran escuela, si se tiene disciplina, rigor y se es juicioso, porque se conoce muy bien el funcionamiento del Estado. Además, en mi caso, también se aprende a cultivar una virtud que me es escasa: la paciencia. Por otro lado, es una gran oportunidad para influir y eso hay que valorarlo.


Las comisiones primeras de Senado y Cámara son las más importantes porque allí se cocinan los temas constitucionales. ¿Sí hay oportunidad de influir cuando se trabaja, como usted, prácticamente sola?

El Congreso es una corporación en la que, por definición, se tienen que hacer acuerdos para conseguir objetivos. Claro, deben ser constructivos y transparentes y rigurosos. Estar en la Comisión Primera es un lujo. Me siento muy honrada de trabajar al lado de personas del nivel, la talla y la experiencia de Viviane Morales, Horacio Serpa y otros. Soy apenas un voto de 19, pero uno logra hacerse oír si da argumentos serios.

Una de sus intervenciones más sonadas en los medios fue la del debate de Iván Cepeda contra Álvaro Uribe. Refiriéndose al expresidente, usted lo fustigó por retirarse del recinto cuando Cepeda daba sus argumentos, y lo llamó “sanguijuela”. ¿Se arrepintió de usar ese término, por brusco?

Por supuesto que me arrepentí. Uno no debe usar ese tipo de adjetivos de carácter más personal que argumental porque no se construye nada. En ese debate, por ejemplo, formulé una serie de propuestas como la de que los funcionarios que tienen fuero especial, como Álvaro Uribe, que nunca van a ser juzgados aquí o en una corte internacional, estén obligados, al menos, a someterse a una comisión de la verdad. Nadie oyó porque todos se centraron en ese término. Mejor dicho, me pegué un tiro en el pie: por cometer una imprudencia verbal, nadie “aterrizó” en el fondo de mis argumentos.

A propósito, en su época de analista-denunciante, bien podría haber sido calificada como antiuribista. Sin embargo, como senadora parece haber dado un giro. ¿Es más condescendiente con Uribe y el uribismo o es una percepción equivocada?

Esa percepción es equivocada. Por ejemplo, cuando propuse una comisión de la verdad, también le dije a Álvaro Uribe que había sido el único mandatario que había llegado a la Presidencia con el apoyo de los paramilitares, pero que como su fuero lo protegía de un juicio en derecho debía someterse a esa comisión. Pero después también pedí que se cumplieran las garantías que establece la ley para realizar debates en el Congreso, y lo dije con ocasión de una serie de intervenciones de los senadores de la coalición gubernamental contra el expresidente.

Pero ¿eso no es una defensa?

No. Álvaro Uribe no necesita que yo lo defienda. Él tiene veinte defensores que hacen esa tarea
gratuitamente. Y tampoco me hice elegir para ser defensora de nadie. Resulta muy fácil aplaudir la violación de las garantías y que se cambie el orden del día para iniciar un debate no anunciado, sin cuestionarios y sin que la gente se pueda preparar anticipadamente porque es contra Uribe. Y cuando mañana se haga lo mismo contra la Alianza Verde o contra el Polo, ¿también aplaudimos? Lo que exigí ese día, y seguiré exigiendo, es que se cumplan las garantías. Los debates se pueden ganar con argumentación, no con “matonería”.

El país soportó, hace poco, un intento de reforma a la justicia que resultó ser un desastre. Este nuevo intento, en el que habría buena parte de cambios en la Rama Judicial, ¿va para lo mismo en cuanto a las altas cortes?

Tengo la impresión de que va camino de ser un fracaso peor que el de la primera reforma, porque esta es un sancocho. Ya le han metido varios micos, como el de ponerle el nombre de tribunal de aforados a un órgano que será igual a la actual Comisión de Acusación. Les extendieron la impunidad de esta Comisión, dándoles fuero, al registrador, al Consejo Electoral, al contralor y al procurador. Es decir, en vez de expandir justicia, expandieron impunidad. Y a los congresistas les están aprobando la gabela de renunciar en cualquier momento para lanzarse a otro cargo de elección popular o para ser ministros. ¡Imagínese!

Pero la eliminación de la reelección presidencial suena bien.

Sí, hay un par de cosas que son convenientes, pero si para eliminar la reelección presidencial nos van a meter un rosario de micos, sería preferible que la reforma se hundiera y que tramitáramos el articulito de la reelección y punto.

Con los magistrados actuales y con estos congresistas, ¿se podrá adelantar una reforma real?

Si algo me ha sorprendido en estos tres meses es, además de oír a los políticos justificando la corrupción y minimizando los vínculos con los ilegales, ver el cinismo con que actúan los magistrados y el fiscal cuando defienden la impunidad para ellos. Creo que el Gobierno se metió en su propio callejón sin salida cuando propuso la reforma. Obviamente le va mejor a Colombia sin reelección presidencial y eliminando o sustituyendo al Consejo de la Judicatura. Pero si el costo es el de aprobar micos gigantescos y aumentar la impunidad, es preferible que se caiga todo o los colombianos van a quemarnos vivos.

Parodiando la reciente campaña “Soy Capaz”, ¿no serán capaces el Congreso y el Gobierno?
Este Congreso cuenta, por primera vez en muchos años, con un expresidente de la República, dos expresidentes de la Constituyente del 91, varios exministros, la bancada de derecha más grande que ha existido recientemente y una dignísima bancada de izquierda. No nos puede quedar grande una reforma decente y útil para renovar las instituciones y la democracia. Si es así, le estaríamos abriendo paso a la propuesta de las Farc y de Uribe: que la única salida para iniciar una reforma es realizar otra asamblea nacional constituyente.

¿Cuál es el nudo del problema de juicios para los altos funcionarios? ¿Por qué es tan difícil que lo entiendan, pese a la crítica pública?

Más allá de las personas que componen las cortes y otras entidades, se trata de un problema de diseño constitucional que consiste en que los altos funcionarios del Estado tienen garantizada la impunidad. Le doy un ejemplo: yo no tengo un solo rabo de paja en mi vida. ¿Usted cree que yo sería capaz de iniciarle un juicio a un magistrado que me podría investigar al día siguiente?

O sea, estamos hablando de la ecuación “yo no te juzgo, tú no me juzgas”.

Exactamente. Si un magistrado a quien yo me atreví a juzgar en el juicio político que se quiere aprobar en la reforma puede, a su vez, abrirme una investigación, me acabaría en dos minutos. Aquí hay un conflicto de interés que va más allá de los líos políticos y judiciales de los congresistas y de los togados. Ningún parlamentario, por pulquérrimo que sea, va a poder cumplir su tarea de revisar la conducta de los magistrados porque el riesgo de que lo “fusilen” es real. Y es obvio que donde no hay ley ni juez, hay impunidad garantizada, abuso de poder y corrupción.

En el marco de los debates de la reforma al equilibrio de poderes, usted ha sido muy dura con el fiscal general. ¿Cuáles son sus argumentos?

Le aclaro que no tengo ningún sentimiento personal de animadversión en contra de Eduardo Montealegre. Por el contrario, tengo respeto y admiración académica por él. Pero cuando actúa, he visto a un funcionario que ejerce como manzanillo.

¿Por qué? ¿Cuáles hechos justifican ese apelativo?

Hechos: reunió a toda la Comisión de Acusación en su oficina antes de que eligieran formalmente a sus nuevos miembros, excepto a un par de representantes a los que no se atrevió a llamar. Hizo nombrar como secretario general de esa Comisión a un funcionario suyo que era el enlace de la Fiscalía con el Congreso. A eso lo llamo hacer manzanillismo. También es manzanillismo que se oponga a la creación de un tribunal de aforados con capacidad real de investigación y juzgamiento.

Eso ha sostenido usted. Sin embargo, al primer debate en que el fiscal estuvo presente llegó con un ramo de flores para él. ¿Qué pretendía conseguir con ese gesto?

Como le dije, hay que entender que nadie está en medio de un debate personal. Estamos dando una discusión de interés público sobre las instituciones. Con ese gesto quería evitar que el debate se convirtiera en un pulso entre el fiscal y yo. Y se logró.

Usted suele ser muy enérgica en sus expresiones. ¿Le preocupa tener fama de intransigente y, aun, de descortés?

No, no me preocupa porque quienes me conocen entienden que esa es una imagen distorsionada. Soy apasionada en la defensa de mis posiciones, pero también soy amorosa y mucho más tranquila de lo que la apariencia indica por mi trabajo público. Por ejemplo, uno no puede salir con ternurita a denunciar a los parapolíticos (risas). Y esa es la naturaleza de los temas que he tratado como académica, y ahora como congresista. Es explicable: cuando uno se juega la vida, tiene que ser firme. Pero, insisto, las personas cercanas a mí saben que distingo perfectamente el trabajo de los asuntos personales. De ahí que un gesto amable con el fiscal y los magistrados no impide que siga pensando y defendiendo lo mismo que antes. Lo cortés no quita lo valiente.

Su más reciente enfrentamiento fue con el general Palomino, director nacional de la Policía, de quien también se sabe que es malgeniado. Usted hizo una referencia directa a actos de corrupción en esa institución y él le respondió con frases que no correspondían. ¿Por qué llegaron a ese punto?

En desarrollo de las tareas propias del Legislativo, entre ellas la de control político, los funcionarios del Ejecutivo son citados al Capitolio para que den explicaciones. Y no pueden llegar a amenazar a un congresista porque les piden explicaciones. Entiendo que fue un momento inadecuado y debo admitir que el general se me acercó después y me saludó. Asunto olvidado. Pero institucionalmente no se puede pasar el asunto por alto. Por eso dije en el debate que no estábamos en el siglo XVI y que, siendo él un hombre armado, no podía retarme como lo hizo. ¿Qué podía hacer yo? ¿Escoger otra arma y citarnos a duelo?

Bueno, pero tuvo un gesto de gallardía cuando se le acercó...

Sí, es verdad. No tengo ningún reclamo sobre la amabilidad del general Palomino. Pero sí sobre la eficacia y el compromiso de la Policía en la lucha contra la corrupción de sus miembros. Como lo dije, llevo dos años denunciando actos de corrupción y no había resultados.

Palomino ha dicho, y la Fiscalía pareció respaldarlo, que usted no tiene pruebas de sus afirmaciones sobre nexos de funcionarios públicos con el narcotraficante Marcos Figueroa y el exgobernador Francisco ‘Kiko’ Gómez.

Los vínculos de miembros de la Policía con la estructura criminal de La Guajira y Cesar son evidentes. El negocio de contrabando de gasolina es más rentable que el de la cocaína y tiene menor persecución oficial. La gasolina circula allá en carrotanques que se movilizan por las carreteras con la connivencia de la Policía. Eso lo sabe todo el mundo en la zona y nadie lo niega. De hecho, el general Palomino reconoció por primera vez, después del debate, que hay policías cómplices de las bacrim, y dos días más tarde destituyó a varios.

¿Por qué menciona a dos congresistas específicamente?

Porque la estructura de Marcos Figueroa tiene un pie en la ilegalidad y otro en la legalidad y se sostiene en tres patas: una es la de los criminales y narcos, como alias Marquitos; otra es la de los funcionarios corruptos que les dan amparo judicial y policial, y la tercera es la estructura política. En esta se encuentran el señor Kiko Gómez y el gobernador actual de La Guajira, que es del grupo de Gómez. Y allí están también el representante a la Cámara Antenor Durán y el senador José Alfredo Gnecco, de la U. Esa estructura política está intacta.

¿Le parece casual que usted hubiera confrontado al general Palomino y que enseguida se hubieran activado tanto las capturas de Figueroa como la destitución de ocho uniformados?

Pues ahí están las pruebas que él me pidió en el debate.

Usted ha denunciado que está amenazada por esa banda criminal. ¿No se arriesga excesivamente?

No. A la lucha contra la corrupción y la ilegalidad no le sirven el silencio ni la autocensura. Por el contrario, esa actitud protege a los criminales. A estos les es útil el miedo y que uno se calle. Tengo muchas diferencias con el fiscal Montealegre, pero he apoyado a la Fiscalía en la pelea judicial por desmontar esa bacrim. Obviamente, para mí es muy incómodo sentarme a cinco metros de un señor que es parte de una estructura política que a su vez es parte de la estructura criminal que recolectó $200 millones para matarme. Pero no me puedo callar. Si me callo, terminan matándome de todas maneras. Y nadie va a saber por qué.

La senadora más notoria

Si alguien en el Congreso ha “mojado” prensa en los tres meses que lleva la nueva legislatura esa es la senadora Claudia López, quien, pese a entrar por primera vez al Capitolio como parlamentaria, consiguió la increíble cifra de 81.000 votos en marzo. Terminó posicionada como una de las de mayor aceptación electoral en el país, un éxito comparable con el de dos gigantes veteranos de la política: Jorge Enrique Robledo (192.000 votos) y Horacio Serpa (130.000 votos). El atractivo mediático de López, no obstante, no reside sólo en la votación. La fuerza que les imprime a sus intervenciones la ha hecho notoria para los medios, debido a que hace tiempo que la unanimidad de las coaliciones gubernamentales sepultó los debates candentes en ese recinto, sin desconocer que la minoría de izquierda logra generar olas de polémica con sus denuncias. López no ha estado exenta de críticas. Según se ha dicho, incluso entre sus propios colegas, en ocasiones se excede en palabras ofensivas y acusaciones sin fundamento. Pero también se la admira por su valentía y la franqueza con que se expresa, características apreciables en una Colombia en que sus figuras prefieren callar.

“Atenderé, como me corresponde, la demanda en mi contra”

Un abogado de los que, tal vez, se prestan para poner demandas a nombre de los verdaderos interesados, intenta despojarlas a usted y a la representante Angélica Lozano de su investidura de congresista por ser pareja. ¿Qué opina de la motivación?

Es claro que se trata de una demanda sin fundamento legal, pero uno tiene que ser respetuoso y asumir las responsabilidades de la investidura de congresista, con independencia de las motivaciones de quien la interpuso. Desconozco si él es un testaferro de algún poderoso señor. En todo caso, es un ciudadano que tiene derecho a interponer demandas y yo tengo la obligación de responder ante la autoridad respectiva. Y lo voy a hacer con toda tranquilidad.

¿No cree que esa demanda oculta un acto de discriminación?

Es posible. Además, no es difícil adivinarlo: ese abogado es el mismo que defendió, a través de una demanda, el derecho a discriminar. Es decir, ha defendido la discriminación. Puede haber otras motivaciones, por ejemplo, políticas. Pero, repito, el demandante está en todo su derecho. Y yo, tengo la obligación de atender su reclamo y, también, el derecho de demostrar que sus argumentos no tienen ni pies ni cabeza.